Denuncian ‘golpe de Estado’ sistemático contra la Alcaldía de Martinez y Fuerza Ciudadana en Santa Marta

Cómo un golpe de Estado sistemático fueron calificados los abruptos cambios que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Rúgeles, viene haciendo en la Alcaldía de Santa Marta, cuyo alcalde titular y legítimo es el dirigente del movimiento Fuerza Ciudadana, Rafael Martinez, elegido por más de 93 mil samarios.

La fuerte denuncia fue dada a conocer -precisamente- por Fuerza Ciudadana que, por medio de un comunicado, indicó que lo hecho por Rúgeles solo apunta a un plan antidemocrático orquestado desde la misma Casa de Nariño, en alianza con la clase política tradicional y de élite que por siglos ha gobernado en el Magdalena y su capital, justamente, opositores de Carlos Caicedo, el más fuerte opcionado para ser el próximo gobernador del Departamento -según las últimas encuestas-, además de ser el principal vocero del grupo significativo.

“Todo esto ocurre justo en momentos en los que se inician campañas electorales, se evidencian los nexos entre el gobierno de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez con la clase política tradicional, corrupta y mafiosa, que deciden acudir a todo tipo de prácticas reprobables propias de gobiernos fascistas para privarnos de nuestro derecho democrático. Nos consideran contrarios a sus posturas y formas políticas”, acusó el movimiento.

Asimismo, Fuerza argumentó la llamada “persecución política” a través de una serie de hechos que son de conocimiento público en Santa Marta; todos relacionados con las familias y el gobierno del presidente Duque en aras de -posiblemente- afectar el ascenso de Caicedo y Virna Johnson en la Gobernación y la Alcaldía Distrital, respectivamente.

“En este camino, han venido realizando una serie de acciones sistemáticas como: primero, sanción disciplinaria en primera instancia en contra de Carlos Caicedo, fruto de un proceso iniciado bajo la Viceprocuraduria de Marta Castañeda, cercana al clan Cotes, nombrada ahora, secretaria juridica por el alcalde encargado por el presidente Duque; segundo,
la detención de Rafael Martínez, como estrategia para poder apartarlo del cargo de alcalde; terceros,
el nombramiento irregular de Andrés Rúgeles como alcalde encargado, en desconocimiento de un decreto de nombramiento de otro alcalde encargado, que gozaba de legalidad”, indicó Fuerza.

Igualmente, el movimiento apunta: “Cuarto, la negativa a cumplir con la normatividad vigente en Colombia, por parte de Iván Duque, para nombrar alcalde encargado, de terna entregada por Fuerza Ciudadana, movimiento que logra la elección de Rafael Martínez como alcalde legal y legítimo de Santa Marta; quinto, la
realización de acuerdos con la gobernadora y las familias que han venido desangrando a Santa Marta y al Magdalena, a fin de hacerse con el manejo de los contratos y, por lo tanto, de los recursos públicos de los samarios”.

“Quinto, la declaratoria de insubsistencias a varios integrantes del gabinete distrital a cambio de personas que tienen claros intereses y nexos políticos contrarios a nuestro movimiento y que buscan hacerse con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), a fin de poder manejar los recursos que están previstos para la solución definitiva del problema del agua en Santa Marta, entre otros proyectos estratégicos y necesarios para la ciudad”; concluye el texto.

Finalmente, el movimiento exigió al Estado hacer respetar las garantías democráticas, jurídicas y de seguridad para poder continuar con la propuesta política que viene adelantando en derecho sobre toda la región y gran parte de la región.