DECLARACIÓN DEL GRUPO PAOLA – COLOMBIA

DECLARACIÓN DEL GRUPO PAOLA – COLOMBIA

Santa Marta (Magdalena), 27 de agosto de 2021.

El Seminario Académico “Coaliciones de Gobierno y Agenda de Transición Democrática para Colombia” del Grupo PAO – Latinoamérica, desarrollado entre el 23 y el 27 de agosto, se ha reunido en la ciudad de Santa Marta para examinar experiencias y construir una agenda programática de carácter regional y nacional para la construcción de mayorías democráticas y discutir diversas agendas públicas y temáticas que se requieren desarrollar para la transformación de Colombia.

En ese sentido, considera que es imperativo buscar la más amplia unidad de los/as demócratas de Colombia que permita la construcción de una mayoría que posibilite superar la dramática crisis social, económica y política evidenciada por la pandemia sanitaria del Sars Cov-Covid-19 que ha desatado una de las principales recesiones económicas del país, que se cristaliza con un 42,5% de  colombianos en situación de pobreza monetaria con más de 21 millones de personas en esta condición; 15,1% en pobreza extrema con 7,4 millones de personas; la destrucción de 2,4 millones de puestos de trabajo formales y con una tasa de desempleo juvenil de 24,4% para el 2020; con amplias capas de la población sufriendo hambre y una de las mortalidades más altas del mundo por millón de habitantes por el Covid-19.

Lo anterior sumado a la continuidad de la situación de violencia y el asesinato de líderes/as sociales, jóvenes y ciudadanos participantes de los movimientos sociales y los partidos de la oposición. El reciente homicidio del estudiante Esteban Mosquera en la ciudad de Popayán, de excombatientes de las desmovilizadas FARC-EP y las amenazas, estigmatización y hostigamiento a los grupos políticos alternativos, como ocurrió con el Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, son prueba de la falta de garantías para preservar la vida en el territorio.

Los factores mencionados configuraron las causas del más grande estallido social en todo el país producto de una reforma tributaria regresiva, movilización que inició el 28 de abril de 2021 y que se tradujo en más de 3 meses de lucha permanente que logró la caída de la reforma tributaria, del proyecto de reforma a la salud y la salida del Ministro de Hacienda. Esta lucha ciudadana fue atacada con la más brutal represión estatal y paraestatal que dejó más de 74 manifestantes asesinados/as.

Esto se ha presentado en un contexto continuado de corrupción y malversación de los recursos públicos, como lo demostró el reciente caso del Ministerio de Telecomunicaciones en donde se perdieron 70 mil millones de pesos dirigidos a la conectividad de Internet para las zonas rurales, en medio de la ausencia de acciones de los organismos de control que se encuentran capturados por el Ejecutivo. Estos hechos demuestran la profunda crisis en que se encuentra la democracia colombiana, con instituciones en las que se ha derivado en una inviabilidad para el ejercicio de los derechos fundamentales en Colombia.

En este escenario convocamos a todas las fuerzas sociales y políticas que conforman el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza a construir la más amplia unidad de los demócratas en Colombia, que nos permita superar esta crisis en la que se encuentra sumido el pueblo colombiano. Esto implica el diálogo y la concertación de un acuerdo político sobre un programa de mínimos para sacar a Colombia de la crisis institucional, económica y humanitaria, en donde se establezcan unos mecanismos de consulta única que posibilite tener un/a candidato/a único/a a la Presidencia de la República desde la primera vuelta.

Por lo anterior les proponemos los siguientes puntos, entre otros:

1. Un acuerdo por la plena materialización del derecho a la educación de todos los colombianos en todos los niveles, empezando con el preescolar desde los 3 años y la trayectoria hasta la educación superior y el acceso al mundo del trabajo. Un modelo educativo que permita la inclusión en clave de universalidad, gratuidad, diversificación de la oferta educativa con pertinencia y calidad. Adelantar reformas al Sistema General de Participación y a la ley 30 que permita un nuevo esquema de financiación para las instituciones educativas y las universidades públicas, que sea progresivo, solucione el hueco fiscal y que esté a la altura de los gastos y costos de una educación del siglo XXI.
2. Una reforma estructural al sistema de salud que haga tránsito a la garantía de la salud como derecho fundamental consagrado en la ley estatutaria 1751 de 2015, con trabajo digno y estable, fundamentada en la atención primaria en salud, con descentralización y eliminación de la intermediación financiera, control de precios de medicamentos, tecnologías en salud y el desarrollo de políticas y acciones que impacten los determinantes sociales de la salud como el agua potable y la soberanía alimentaria.
3. El acuerdo de una política ambiental que afronte con profundidad los retos las crisis climática y ecológica, asociadas a la energía fósil, la pérdida de biodiversidad y contaminación, asumiendo el conflicto de usos del suelo como el principal problema ambiental, ligado a la necesidad de la reforma rural integral, a la urgente transición a energías limpias incluyendo el hidrógeno verde y el cuidado de la vida humana y no humana como factores fundamentales de un futuro sustentable.

Un acuerdo que propenda por la agroecología, los sistemas agrosilvopastoriles y las asociaciones de campesinos/as, productores agroecológicos con un consumo consciente por la seguridad y salud alimentaria, lo mismo que impulsar modelos de movilidad sostenibles, inteligentes y multimodales en todo el país. Esto implica un compromiso contra el fracking, la megaminería en las zonas críticas, la fumigación con glifosato de los cultivos de uso ilícito y el desincentivo de los agroquímicos. Además del desarrollo de una política pública por el respeto de la vida, de los derechos de la naturaleza y de los animales con enfoque interespecie.

4. Avanzar en una política de seguridad participativa que garantice el respeto a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el contexto de una sociedad del posacuerdo. Esto supone una reforma a la policía y la reestructuración de la educación militar y policial para la democracia, que supere la doctrina militar del enemigo interno y que tenga en cuenta las recomendaciones de la CIDH a Colombia en su última visita.
5. Una reforma política electoral que restaure el equilibrio de poderes con la generación de una autoridad electoral que establezca instancias confiables, eficaces y transparentes en la garantía de los procesos electorales, la paridad democrática y la financiación equitativa con sujeción a una eficaz vigilancia y control de los recursos públicos.
6. Una política integral de tierras con sustentabilidad, garantía del equilibrio rural-urbano, la soberanía alimentaria, apoyo a la productividad campesina, la reestructuración de la tenencia de la tierra y la protección social del campesinado como sujeto de derechos.
7. Una política económica que propenda por un sistema tributario eficiente, progresivo y equitativo que grave las altas rentas, que incorpore impuestos verdes e impuestos saludables, supere la evasión fiscal y permita la distribución de la riqueza, la superación de la inequidad y la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales.

Un programa que garantice el respeto a la propiedad privada con su función social, que fortalezca el tejido empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas que representan más del 90% del tejido empresarial en Colombia y que aporta más del 80% del empleo formal. Esto implica avanzar en la democratización del crédito y la búsqueda de un modelo económico que garantice la sostenibilidad fiscal y una política monetaria transparente con garantía de la independencia del Banco de la República.

8. Un compromiso con la promoción y la garantía de los derechos de las mujeres en su diversidad a través de un enfoque de interseccionalidad transversal a todos sus ejes programáticos. Además, en su apuesta estructural por la equidad de género, incluir la creación del Sistema Nacional de Cuidado cuyo objetivo sea la redistribución y reorganización del trabajo de cuidado en la sociedad; garantías plenas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para que estas puedan decidir libremente sobre sus cuerpos; el desarrollo de una política pública de prevención, atención y judicialización de todas las formas de violencia de género contra las mujeres; y la representación paritaria de las mujeres en las instancias de gobierno, administración pública y en los cargos de elección popular.
9. La implementación efectiva del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP para lograr una paz estable y duradera con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que garantice los derechos de las víctimas, el compromiso de la búsqueda de una solución política y negociada al conflicto armado con el ELN y una estrategia contundente para el sometimiento de los Grupos Armados Organizados y grupos paramilitares.
10. La implementación de una Renta Básica como un derecho de ciudadanía a un ingreso mínimo vital que posibilite la superación de la pobreza extrema en el país, que genera situaciones de deshumanización por la inviabilidad de millones de ciudadanos para su subsistencia básica.
11. Materializar un modelo de Estado social de derecho descentralizado, distribuidor de la riqueza, con respeto a la autonomía regional, que modernice y transforme la política administrativa haciendo valer la Constitución de 1991, que aproveche las potencialidades con una financiación que supere la desigualdad endógena entre el centro y la periferia.
12. Avanzar en un nuevo modelo de lucha contra el narcotráfico adoptando un enfoque de salud pública a los consumidores, de sustitución concertada de cultivos ilícitos y construcción de vías terciarias para favorecer los pequeños productores y una estrategia de persecución y judicialización contra los grandes narcotraficantes nacionales e internacionales.
13. Una política pública de juventudes que se traduzca en participación efectiva y vinculante, como los Consejos de Juventud para que dejen de ser órganos consultivos y sean vinculantes para con las políticas públicas. Se hace necesario rechazar la criminalización y militarización de la juventud.

Un gobierno del cambio propugnará por crear los mecanismos institucionales desde el punto de vista económico, social, político y cultural que tenga como ejes transversales de acción la lucha contra la corrupción y la garantía de derechos.

Se invita a la Coalición de la Esperanza, al Pacto Histórico y a las ciudadanías demócratas independientes a desarrollar cumbres municipales, departamentales y nacionales que lleven a concertar un programa unitario, una agenda política común y los lineamientos comunes de una consulta única presidencial, previa a la primera vuelta, que permita construir un gobierno democrático y de derechos sociales.

Hacemos un llamado urgente a la Coalición de la Esperanza, al Pacto Histórico y a todos los/as demócratas del país para que establezcan todos los mecanismos y voluntades para lograr una unidad democrática que le permitan a Colombia continuar el truncado tránsito democrático iniciado con la Constitución de 1991, para pasar de una sociedad del desprecio a una sociedad de derechos. Es el momento de la grandeza y de los acuerdos que posibiliten construir los cambios y que Colombia pueda volver a tener una segunda oportunidad en esta tierra.