Crean Gabinete Popular Distrital para hacer control social y garantizar plan de gobierno en Santa Marta

El movimiento Fuerza Ciudadana, cuyo principal vocero es el dirigente costeño Carlos Caicedo presentó este lunes el Gabinete Popular Distrital Ad Honorem, en aras de hacer control social y garantizar el cumplimiento del plan de gobierno en Santa Marta.

Los actos se cumplieron en los alrededores de la Villa Deportiva Bolivariana; complejo que cuenta con ocho escenarios, gestionados por el exalcalde Caicedo y el mandatario titular, Rafael Martínez, para los Juegos Bolivarianos de 2017.

De acuerdo con el presidente del movimiento, el Gabinete fue creado para promover la puesta en marcha y servicio de las obras y proyectos que se adelantan en la Alcaldía Distrital, a cargo del alcalde Andrés Rúgeles, designado por el presidente Iván Duque, quien por ahora no tiene en cuenta la terna que propuso Fuerza Ciudadana para reemplazar momentáneamente al alcalde legítimo, Martínez, el cual fue elegido por más de 93 mil samarios.

“Instalamos en Santa Marta el Gabinete Popular mientras dura la usurpación ilegal. Porque tenemos responsabilidad con la ciudadanía. A ellos nos debemos. Desde el 22 de marzo hay terna presentada al Gobierno nacional, y se sigue omitiendo la elección del alcalde (e) de la terna. Como a Rúgeles no le interesa construir, sino hacer política con los Díazgranados, Cotes, Dabones, nos corresponde hacer valer el derecho de las mayorías expresadas en las urnas, con control social. Denunciando los negociados que vienen a montar y los proyectos que quieren parar”, explicó Caicedo.

El dirigente también manifestó que “ante la parcialidad de los órganos de control, les toca a los ciudadanos participar, vigilar, hacer veeduría y control político como la Constitución y la Ley lo indican. Porque no van a hacerle ‘conejo’ a los miles de samarios que votaron por el Cambio Positivo”.

FUNCIONES Y MIEMBROS DEL GABINETE
De igual forma, el otrora gobernante de los samarios aclaró: “A efectos de que algunos medios u opositores mal interpreten, este Gabinete solo busca velar por el cumplimiento de las obras y proyectos establecidos por el modelo de gobierno que instauró Fuerza Ciudadana con el propósito de transformar Santa Marta al menos hasta sus 500 años. Los miembros del mismo serán Ad Honorem, es decir sin remuneración porque le prestarán un servicio a la ciudad”.

El Gabinete será conformado por varios exsecretarios, directores, gerentes y funcionarios de las diferentes entidades y dependencias del Distrito.
Para la Secretaría General fue designado, Camilo Cogollo; para Hacienda, Armando Salas; en Planeación, Diana Sierra; para la secretaría de Gobierno, Ignacio Hadechiny; en Promoción Social, Armando Otero; en Cultura, Melissa Martínez, para Movilidad, Juan de León; en Educación, Eliana Morón, en Salud, Carlos Payares; para Infraestructura, Efraín Vargas; en el área de Jurídica y Contratación, Carlos Quintero.

En el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fabián Bolaño; para Gestión del Riesgo y Medio Ambiente, Jaime Avendaño; en Servicios Públicos, Hilda Borja; en Recreación y Deportes, Hideraldo Espinoza; en Comunicaciones, Eduardo Brito; y como vocera del Gabinete y Transporte Público, la aspirante a alcaldesa, Virna Johnson.

“LAS FAMILIAS VAN POR 800 MIL MILLONES Y EL POT”: CAICEDO
Igualmente, Caicedo denunció que los samarios no quieren que el cambio se detenga, sin embargo, “el alcalde ilegitimo no se reúne con la ciudadanía, ni con el gabinete, se reúne con los clanes políticos de Santa Marta que fueron derrotados en las urnas y que quieren volver a saquear la ciudad”.

Asimismo, dijo que Rúgeles al parecer se dejaría estar presionando para beneficiar a las familias poderosas del Magdalena y otros terceros por medio del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y 800 mil millones que fueron destinados inicialmente por el alcalde Martínez para asegurarle el agua a los ciudadanos.

“El país tiene que conocer que la prioridad del alcalde ilegítimo de Santa Marta son los $800 mil millones de las vigencias futuras del agua y el nuevo POT, para favorecer a los clanes familiares corruptos que en el pasado privatizaron y saquearon los bienes y servicios públicos”.