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Hoy está acreditado que en más de 900 municipios algún tipo de protesta social se ha presentado. Sin embargo, es en Cali, Tuluá, Pereira y Bogotá donde las manifestaciones han sido reprimidas con gran violencia por parte del ESMAD y también por civiles armados que disparan de modo indiscriminado contra los manifestantes. De esto dan cuenta las imágenes captadas por ciberperiodistas o personas aficionadas, pues La Revista Semana, RCN, Caracol y demás medios renunciaron a la labor de informar para convertirse  en el Boletín Oficial del Estado.

A esto hay que sumarle que la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduria General de la Nación se han plegado a los intereses y objetivos del gobierno, el cual no ha dudado en señalar que el Paro Nacional es una cuestión de vándalos apoyados por los marquetalianos, la disidencia de las FARC y el ELN. De esta operación de desestabilizacion según dice el Ministro de Justicia Wilson Ruiz Orjuela, hacen parte  Rusia, Venezuela y Cuba. Es decir, todos tienen la culpa menos el gobierno del binomio Duque-Uribe, el cual quiso imponer en plena pandemia una reforma tributaria y de salud altamente lesiva a los intereses de los trabajadores, pensionistas y sectores de clase media.

La indignación de los manifestantes el gobierno de Iván Duque-Álvaro Uribe Vélez  la ha enfrenado con el terrorismo de Estado. Producto de esto hoy según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia reportó que solo en Cali el pasado 28 de mayo más de 14 jovenes fueron asesinados, 98 heridos, de esas 54 fueron con arma de fueego. Por su parte en el último informe de la ong. de derechos humanos Temblores se indica qe a corte del 28 de mayo 43 jóvenes habían sido brutalmente asesinados; también dejaron 1133 personas víctimas de violencia física, 1445 detenciones arbitrarias, 47 agresiones oculares y 22 casos de abusos sexual, donde se encuentran implicados la Policía Nacional.

A pesar de este saldo de jovenes asesinados, encarcelados, heridos y los 346 desaparecidos, las manifestaciones en diferentes puntos del país se mantienen. Ante esto, el gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe han promovido el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, instrumento con el cual militarizan ocho departamentos y 23 ciudades, so pretexto de restablecer el orden público, que por cierto lo ha turbado el mismo gobierno con el terrorismo de Estado que ha desplegado.

Este Decreto en la práctica se convierte en una imposición selectiva y focalizada del Estado de Conmoción Interna y, por tanto, se constituye en algo de obligatorio cumplimiento para los alcaldes y gobernadores que les cobija la medida (Ver Link). Según la nefasta medida, el oponerse a la militarización es causal de separación del cargo. La medida ya ha sido cuestionada por Humain Right Watch y Naciones Unidas porque consideran que el Decreto no reúne los estándares mínimos de defensa de los derechos humanos y porque deja a alcaldes y gobernadores bajo la subordinación de los militares, a quienes se les otorga poderes para reprimir aún más las protestas populares, las que serán tratadas como perturbaciones al orden público. Con el Decreto 575 se prevé un aumento en la violación a los derechos humanos, pues el gobierno nacional confía acabar con la protesta popular mediante la represión y el terror, y no por medio del diálogo y la negociación.

Fuerza Ciudadana condena el Decreto 575 y exige su derogacion porque vulnera el orden constitucional y expone a que en Colombia  exista una mayor violación a los derechos humanos por parte el gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. Hoy es claro que uno y otro personaje ha dado solventes muestras de querer profundizar la confrontación y evitar así el diálogo y la negociación con los manifestantes, pues están esperanzados en que la represión y la militarización logren imponer los intereses del gobierno y del Estado por encima de las reivindicaciones de los sectores indignados.

Finalmente, nuestro partido sigue insistiendo en que el gobierno nacional debe organizar una comisión de alto nivel con representantes del orden nacional e internacional que de cuenta de la sistemática violación a los derechos humanos que se ha producido en el país en este mes de protesta. Saludamos que Naciones Unidas ya planteé algo en esta misma dirección.

Santa Marta, mayo 31 de 2021.

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