IMPUNIDAD A LA VISTA DE TODOS

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En la madrugada del lunes 13 de septiembre un conductor ebrio atropelló y produjo la muerte de 6 jóvenes samarios y dejó a un adolescente de 13 al borde de la muerte; el conductor miembro de una “familia de bien” de la ciudad, linajudo, empresario, y político fracasado dio en la prueba de alcoholemia 156/100, es decir estaba totalmente “piao” ,los jóvenes, puro pueblo, llenos de esperanzas e ilusiones, con amigos y sueños terminaron en el cementerio. Fin de la crónica.

El conductor fue detenido y puesto a disposición de un juez de garantías para su judicialización y enjuiciamiento; lenta y venal, como siempre, la justicia permitió, que con subterfugios conducidos por un avezado abogado defensor de criminales y políticos corruptos, el homicida fuera remitido a un hospital con un cuadro clínico ridículo; la clínica especialista en maquillajes y liposucciones circuló una fotografía de circo, un tipo con mas tubos que un paciente de covid en UCI, sedado a propósito, evadió por primera vez la indagatoria, dilatando la diligencia; luego el avivato abogado lo sacó de la clínica cómplice y lo recluyó en un sanatorio siquiátrico; piensan argumentar un trastorno grave para impedir que pueda ser recluido en una cárcel y recibir una condena ejemplar.

Que la justicia en Colombia tiene un sello de clase es innegable; las elites del poder se creen inmunes ante los jueces y pocas veces son condenados con severidad y en correspondencia con la gravedad de los delitos que cometen; en su defecto la justicia se tuerce y castiga al débil con especial severidad –recuerden a los hermanos condenados en 2014 en Bogotá a mas de 4 años por hurtarse una gallina- ante la que no prosperan los alegatos más juiciosos; generalmente se les prejuzga y se les condena primero en público.

Los medios de comunicación complacientes y genuflexos ante los dueños del poder y de la justicia, siembran dudas sobre las responsabilidades de tan poderosos sindicados, formulan hipótesis especulativas sobre los motivos, las condiciones, las circunstancia en que sucedieron los hechos y terminan poco menos que absolviéndolos; un concierto criminal mediático que demerita la responsabilidad penal del victimario transfiriendo parte de las responsabilidades a la víctimas.

Los tenemos pillados desde siempre; de ahí que merezca resaltarse la reacción del Gobernador Caicedo y la Alcaldesa Virna Johnson de solicitar celeridad, claridad en la indagación y judicialización para que el caso no se convierta en una simple noticia de crónica roja; las primeras autoridades del departamento y la ciudad tienen la obligación de proteger la vida y los derechos de los conciudadanos- total respaldo Gobernador y alcaldesa de Fuerza Ciudadana – , ante el poder corruptor de abogados perversos y autoridades venales a la hora de hacer justicia en derecho en favor de las víctimas y de sus familias.

Los enormes sepelios y el grito adolorido de miles de dolientes clamando justicia, no debe ser desoído por esta ni por la sociedad. Esperemos que no aparezca el malhadado fiscal Jaimes, el mismo que condenó a nuestro Gobernador Carlos Caicedo cuando era rector de la Universidad del Magdalena y quien acaba de pedir se absuelva al expresidente Álvaro Uribe solicitando el traslado del caso para Bogotá. Seguro que en esas están.

Esperamos que la justicia local sepa estar a la altura del clamor justiciero de los familiares, amigos y de los samarios; no le quitemos el ojo al caso, no sea que mañana nos informen que el homicida fue trasladado a Miami para garantizarle una tranquila recuperación post traumática, acompañado de su abogado Fernández. Casos se han visto. La impunidad se puso en marcha desde el mismo momento que se reconoció la calidad de “gente de bien” del indiciado Vives Caballero.

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