Fuerza Ciudadana rechaza la ampliación de la intervención del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche por la Supersalud

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El bloqueo institucional que el gobierno de Iván Duque ha puesto en marcha en contra del gobierno departamental liderado por el compañero-gobernador Carlos Caicedo Omar, tiene en la intervención del Hospital Julio Méndez Barreneche -HJMB- un capítulo especial. Es claro que esta actuación tiene como propósito favorecer a los clanes que arruinaron al Magdalena hasta llevarlo a ser el cuarto en pobreza monetaria y el séptimo en pobreza multidimensional.

Una vez se posesionó el hoy gobernador Caicedo Omar, al poco tiempo puso en conocimiento de la Superintendencia de Salud, dirigida por Fabio Aristizábal, incondicional de Álvaro Uribe Vélez, una serie de irregularidades halladas en el primer centro de atención hospitalaria del departamento. Este, cabe resaltar, venía siendo administrado por Tomás Diazgranados desde hacía cinco años gracias al apoyo recibido por el clan de los Cotes: primero por el entonces Gobernador Luis Miguel Cotes y luego por su tía Rosa Cotes.

Y mientras el nuevo gobierno del Magdalena sustentaba y ampliaba las denuncias, a la par impulsaba un proceso de recuperación laboral, económica y administrativa del HJMB como quiera que la planta de personal no cobraba hacia varios meses y no contaba el personal sanitario con los materiales de bioseguridad, situación grave como quiera que ya la pandemia había hecho su aparición. Como parte de la recuperación y del compromiso del gobierno del cambio con los trabajadores del HJMD, el gobierno de Caicedo Omar le había girado más de 8.800 millones de pesos. (Ver acta).

Resulta curioso que la Superintendencia de Salud no promovió la intervención cuando estuvo Diazgranados a pesar de conocer todas las denuncias de sus irregularidades. Por ejemplo, veamos algunas: no explicar qué hizo con 905 millones de los 1000 millones que le giró la gobernación del Magdalena en el 2019, suscribir 900 contratos hasta por 21.000 millones de pesos en los primeros 15 días del mes de enero del 2020 sin ninguna justificación y dejar de cobrar servicios de salud facturados por valor de 21.274.073 millones (Ver link), pero si lo hizo una vez el gobernador Caicedo Omar nombró a Jairo Romo como Gerente en propiedad, hecho que se produjo el 1 de abril de 2020.

Así, pocos días llevaba Jairo Romo en el cargo cuando de modo inconsulto el Sr Fabio Aristizábal se presentó en el HJMB sin notificar siquiera al gobernador ni al nuevo gerente la intervención de la Supersalud. Es decir, el gobierno de Caicedo Omar denuncia las irregularidades y la Supersalud del politiquero Fabio Aristizábal no interviene la Gerencia de Díazgranados ni al protegido de Rosa Cotes, pero si al nuevo gerente designado por el gobernador.

La intervención del HJMB se produce el 12 de mayo mediante la Resolución 2304, hecho que ocasiona un gran enfrentamiento entre el gobernador Caicedo Omar y Fabio Aristizábal. (Ver link) Éste, alfil del Presidente Iván Duque y aliado de los clanes del Magdalena en contra de la gestión del gobernador del cambio, procedió a nombrar a Luis Oscar Gálvez como interventor, personaje de ingrata recordación en el Hospital de Villavicencio, lugar en donde según la Procuraduría General de la Nación modificó el estatuto interno de contratación quitándole todas las clausulas de transparencia. En el Hospital de Villavicencio el Sr Gálvez modificó un contrato de 9900 millones de pesos en 43 ocasiones y terminó ascendiendo el mismo a 41.000 millones. Y luego hizo modificaciones hasta en 38 ocasiones por un contrato cuyo valor era de 3800 millones de pesos y el cual terminó superando los 25.000 millones de cuyo valor era de 3800 millones de pesos y el cual terminó superando los 25.000 millones de pesos (Ver link). Es decir, que se fue un canalla como Diazgranados y el presidente Iván Duque y Aristizábal trajeron como interventor a un presunto corrupto. De hecho, el mismo Superintendente Aristizábal ha sido acusado de Corrupción (Ver link).

Ha transcurrido un año de la intervención de la Superintendencia de salud al HJMB y este no ha mejorado en ningún aspecto: ni en el técnico, ni en el financiero, ni el jurídico, ni en el laboral, ni en el administrativo, ni en el científico-médico y muchos menos en la satisfacción de las necesidades de salud de la población del Magdalena. Hoy podemos decir que el único beneficiado con la intervención es el interventor Luis Oscar Gálvez, quien gana salarios exorbitantes y también los políticos miembros de los clanes que gozan de puestos y contratos.

Ha trascendido hace dos días que la Superintendencia de Salud ha decidido ampliar un año más la intervención del HJMB, hecho que consideramos una maniobra politiquera del gobierno de Iván Duque, quien está claramente alineado con los clanes corruptos del Magdalena y buscan con esta medida socavar la gestión del gobierno del cambio liderada por el gobernador Carlos Caicedo en materia de salud. La operación busca, además, mantener el HJMB con criterios electorales y pensando en cómo ayudar presuntamente a los clanes a financiar la próxima campaña a senado y cámara poniendo los dineros de la salud de los magdalenenses al servicio de dichos grupos.

Por todo lo anterior, Fuerza Ciudadana denuncia y condena el actuar politiquero del Presidente Iván Duque, de Fabio Aristizábal, Superintendente de Salud, y de Luis Oscar Gálvez, quienes con esta medida se oponen a que el gobierno del cambio brinde salud en condiciones a la población de Magdalena. A ellos nuestro partido les acusa de favorecer a los clanes de la región en su aspiración de mantener sus curules en cámara y senado y, por tanto, de vulnerar sus derechos a la salud, grave la situación como quiera que estamos ante una extensión de la pandemia.

Aprovechamos la ocasión para rechazar y condenar, al mismo tiempo, que el trio DuqueAristizábal-Gálvez también ataca el derechos a la salud de la población samaria cuando promueve desde la Superintendencia de Salud y desde el HJMB el embargo de las cuentas de la alcaldía distrital de Santa Marta, incluso por dineros que el propio gobierno nacional no le ha girado al distrito como lo es el recurso para atender los servicios sanitarios de la población migrante de Venezuela. (Ver Link) Pese a que el distrito propuso un plan de pago para saldar la deuda al HJMB, prefirieron embargar para así golpear y por partida doble a los gobiernos del cambio.

Finalmente, exigimos a Duque, Aristizábal y Gálvez que dejen de jugar por criterios electoreros con la salud de la población samaria y magdalenense, al tiempo que le recordamos que devuelvan la ESE Alejandro Prospero Reverand y el HJMB a sus legítimos dueños: el Pueblo.

Santa Marta, mayo 15 de 2021.

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